Con el objetivo de brindar una herramienta de consulta útil y práctica a interesados, estudiantes o litigantes en el ámbito de la Materia Familiar, nuestra firma ha desarrollado una fragmentación detallada del contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta división se ha diseñado con el propósito de facilitar la aplicación de dicha normativa ante diversas instancias, entre las cuales se incluyen el Tribunal Superior de Justicia, así como para favorecer una interpretación precisa y un análisis exhaustivo por parte de los interesados.
La estructuración cuidadosa de este material tiene como finalidad principal proporcionar una guía clara y ordenada que permita a los usuarios acceder de manera eficiente a la información relevante para sus necesidades particulares en el ámbito legal de la Materia Familiar. Al contar con una presentación fragmentada y organizada del contenido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se busca fomentar la comprensión y el uso efectivo de las disposiciones jurídicas pertinentes, contribuyendo así a una correcta aplicación de las normas y al desarrollo de un análisis fundamentado en el marco legal vigente.
Dicha herramienta de consulta representa un recurso valioso para aquellos que deseen adentrarse en el estudio y la aplicación de la normativa relacionada con la Materia Familiar, brindando una base sólida para abordar con solidez los desafíos que puedan surgir en el ejercicio de sus actividades profesionales o académicas dentro de este ámbito específico del derecho.
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Artículo 238. Cuando se trate de demandas por controversias sobre bienes inmuebles, o en caso de
que se intente la acción hipotecaria, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar su anotación preventiva
ante el Registro Público de la Propiedad, Oficina Registral o cualquier Institución análoga según la
Entidad Federativa de que se trate, de conformidad con las disposiciones aplicables del Código Civil
respectivo, siempre que previamente se otorgue garantía suficiente a criterio de la autoridad jurisdiccional
para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a la persona demandada, la que deberá
ser fijada al prudente arbitrio de la autoridad jurisdiccional. Este requisito no será exigible en el caso de la
acción hipotecaria.
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